FAQ
Algunas respuestas para las dudas más frecuentes.
Una herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmite a los herederos tras el fallecimiento de una persona. Los herederos son las personas nombradas en el testamento por la persona difunta. Normalmente son los familiares más cercanos, aunque también pueden ser otras personas.
No es obligatorio hacer testamento, pero es muy recomendable hacerlo con un buen asesoramiento legal. Sirve para garantizar que se cumplan los deseos del fallecido sobre la distribución de sus bienes y también para evitar posibles disputas entre los herederos.
Es necesario obtener el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, y una copia del testamento.
Si no hay testamento se debe iniciar la tramitación del acta de declaración de herederos.
La aceptación de la herencia se puede realizar ante Notario o en documento privado, si no hay bienes inmuebles. Además, hay que pagar el impuesto sobre sucesiones y la plusvalía municipal y, en el caso de que haya bienes, realizar la inscripción en el Registro de la Propiedad.
Para una tramitación más eficiente es conveniente acudir a un profesional del Derecho de Sucesiones.
La legítima es la parte de la herencia -porción de bienes- que la ley reserva obligatoriamente a los herederos forzosos. Es importante tenerlo en cuenta porque se aplica aunque no se haya hecho constar en el testamento.
En Cataluña, los legitimarios son los hijos y descendientes, y en caso de que no haya hijos, los ascendientes.
Si no hay testamento, es la ley la que señala quienes son los herederos “ab intestato” o legitimarios, es decir, los descendientes, los ascendientes, el cónyuge no separado, hermanos y sobrinos, tíos, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Cuando no hay ningún heredero legítimo la herencia se declarará como vacante y pasará a ser propiedad del Estado, que la destinará a causas benéficas o sociales fundamentalmente.
Una empresa familiar es aquella que se encuentra bajo el control y propiedad de una o varias familias y que pasa de generación en generación como un legado familiar y creación del fundador.
Entre los problemas más comunes cabe destacar la falta de sucesión adecuada, la ausencia de planificación y la mezcla de asuntos familiares y empresariales sin distinguir los deberes y roles de cada miembro dentro de la empresa en cuanto a gobierno y propiedad.
Es fundamental contar con un plan de sucesión para garantizar una transición adecuada.
En VIA TRIBUT asesoramos en la elaboración de estos planes para asegurar la continuidad del negocio. Somos especialistas en la confección y redacción de un Protocolo familiar sobre como deberá discurrir la actividad de la empresa y de los miembros de la familia en el futuro.
El asesoramiento legal ayuda a garantizar la estabilidad y continuidad de la empresa familiar. También puede ayudar a prevenir conflictos familiares que puedan afectar a la supervivencia de la compañía y asegurar que la empresa cumpla con la normativa legal aplicable.
En VIA TRIBUT ofrecemos servicios de asesoramiento legal en áreas como la planificación de la sucesión, la organización de la empresa, la elaboración de acuerdos de familia y el asesoramiento en operaciones de reestructuración empresarial.
Un concurso de acreedores es un proceso judicial que se inicia cuando una empresa no puede hacer frente a sus obligaciones de pago.
Las consecuencias pueden ser diversas, como la liquidación de la empresa, la venta de activos, la cancelación de contratos o la reestructuración de la deuda.
El concurso afecta a la administración y al patrimonio del concursado, por lo que desde VIA TRIBUT siempre prestaremos una especial atención y cuidado para evitar cualquier eventual derivación de responsabilidad al órgano de administración de la sociedad concursada.
La Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta legal que permite a personas físicas y autónomos cancelar o reducir sus deudas.
Los acuerdos extrajudiciales de pagos son acuerdos entre el deudor y sus acreedores para reestructurar o negociar la deuda pendiente y evitar el concurso de acreedores.
Es importante buscar asesoramiento legal lo antes posible para analizar la situación y tomar las medidas necesarias, como la presentación de un concurso de acreedores o la negociación con los acreedores.
Un asesor fiscal puede revisar la situación fiscal de su empresa y asegurarse de que efectivamente se están cumpliendo todas las obligaciones legales.
Un plan fiscal es un documento que establece la estrategia fiscal de la empresa. Es importante para asegurar una gestión fiscal eficiente y para evitar riesgos fiscales.
Una inspección fiscal es una revisión por parte de la Agencia Tributaria para comprobar si se están cumpliendo las obligaciones fiscales. Las consecuencias del incumplimiento pueden ser sanciones económicas o penales.
El Impuesto de Sociedades es un impuesto que grava las ganancias de una empresa. Se calcula aplicando un porcentaje a la base imponible, que es la diferencia entre ingresos y gastos.
El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios. Las empresas deben recaudar el IVA en sus ventas y pagarlo en sus compras. Es importante gestionar correctamente el IVA para evitar sanciones.
Un despido disciplinario es aquel que se produce por un incumplimiento grave del trabajador. Las consecuencias pueden ser la pérdida del derecho a una indemnización y prestaciones.
La indemnización depende del tipo de contrato y antigüedad del trabajador. En caso de despido improcedente, el trabajador tiene derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.
Debes presentar una demanda ante los juzgados de lo social. El plazo para hacerlo es de 20 días hábiles desde el despido.
El empresario tiene la obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores en el trabajo. Para ello, debe realizar evaluaciones de riesgos, implantar medidas preventivas y proporcionar información y formación a sus empleados.
Se considera despido nulo cuando se produce por motivos discriminatorios (sexo, raza, religión, etc.), en represalia por denuncias de irregularidades o por ejercer derechos laborales fundamentales. En estos casos, el trabajador tiene derecho a su readmisión en la empresa.
La compraventa puede realizarse en un contrato privado entre las partes, o bien se puede acudir a un Notario para que otorgue una escritura pública. No es una obligación, pero ofrece seguridad jurídica y garantías a las partes.
En el caso de ser comprador, será necesario aportar su DNI o NIE en vigor, manifestar su estado civil y régimen matrimonial, demostrar su solvencia económica y el contrato de compraventa y arras.
Si Usted es el vendedor, además de su documentación personal, deberá aportar la escritura o título de propiedad sobre la finca, el contrato de compraventa o arras, una nota del Registro de la Propiedad, la cédula de habitabilidad, el certificado de eficiencia energética, y demostrar que el bien está al corriente del pago de impuestos y gastos.
Para evitar cualquier problema y riesgo es recomendable acudir a un profesional, que se encargará de velar por sus intereses en todo momento, y se realizará todos los trámites necesarios para la gestión de la operación con todas las garantías.
La tasación la realizan empresas profesionales y nos va a dar el valor de mercado del inmueble teniendo en cuenta sus características en relación a otras semejantes con las que se va a comparar.
A estos efectos, se tendrá en cuenta, la localización, la superficie, el estado, la distribución, las calidades, la orientación, entre otras.
Para realizar la tasación será necesaria la escritura de propiedad y una nota del Registro de la Propiedad.
El comprador deberá pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (en Cataluña es el 10%, salvo excepciones legales), el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) (10% en el caso de adquirir una vivienda de obra nueva) y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) (en Cataluña el 1,5%). Además, el comprador se hará cargo de los gastos de Notaría y Gestoría y de la inscripción en el Registro de la Propiedad, y, en su caso, de los gastos derivados de un préstamo hipotecario.
Por lo que se refiere al vendedor, deberá declarar y presentar la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos urbanos, conocido como Plusvalía.
Una hipoteca es un derecho de garantía que grava la finca que vamos a comprar y que se inscribe en el Registro de la Propiedad. El comprador negociará con su banco el importe necesario para realizar la compra, el Banco le prestará ese dinero aplicando unos intereses, quedando obligado a pagar una cuota mensual que incluye capital e intereses durante el período acordado con el banco. Una vez pagada la deuda, se deberá cancelar la hipoteca en el Registro de la Propiedad que corresponda. El impago de las cuotas de la hipoteca o préstamo hipotecario tiene consecuencias que pueden ser muy graves, y que van desde la negociación de la deuda pendiente con la entidad bancaria hasta la pérdida de la finca por ejecución hipotecaria.
Existen diversas vías para la resolución de conflictos, como la mediación, el arbitraje o la vía judicial, que dependerán de la naturaleza y la complejidad del conflicto en cuestión.
Es la forma habitual de una empresa. Se forma entre uno o varios socios, mediante escritura pública, en la que se define su actividad, el capital y los bienes a aportar, y el órgano de administración de la misma.
Existen varios tipos de sociedades mercantiles, como por ejemplo la sociedad anónima (SA), la sociedad de responsabilidad limitada (SRL), la sociedad civil, la sociedad colectiva y la sociedad comanditaria por acciones, cooperativas, entre otras.
En España la forma más habitual, con gran diferencia, es la sociedad limitada, en especial para las pyme, debido a que los empresarios no tienen que responder con su patrimonio personal a las deudas de la empresa.
Un concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se utiliza para solucionar una situación de insolvencia de una empresa, y que puede llevar a la liquidación de la misma.
Se pueden utilizar diferentes estrategias legales para proteger los activos en una sociedad mercantil, como la creación de sociedades holding, la implementación de estructuras de protección patrimonial, entre otras.
Si tienes problemas con un contrato mercantil, es importante buscar asesoramiento legal para poder resolver la situación de la mejor manera posible.
El derecho procesal es la rama del derecho que regula los procedimientos legales para resolver disputas entre partes.
El derecho procesal abarca cualquier tipo de caso que pueda llegar a los tribunales, desde casos civiles hasta casos penales.
Un abogado especializado en derecho procesal representa a sus clientes en procedimientos legales y los asesora sobre sus derechos y obligaciones legales.
Un juicio civil es un procedimiento legal en el que dos o más partes buscan resolver una disputa que involucra derechos civiles, como la propiedad o los contratos.
Un juicio penal es un procedimiento legal en el que el Estado acusa a una persona de cometer un delito y busca condenarla por ello.
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